Hay palabras mágicas: nada más pronunciarlas dan ganas de desaparecer. En política, si se quiere aburrir es cuestión de hablar de la ley electoral. El debate sobre las reglas de juego lleva 30 años dando vueltas sobre sí mismo. ¿Quiere eso decir que no es interesante para los ciudadanos? Más bien al contrario. Una buena ley electoral no es un crecepelo milagroso contra la abstención, pero mejoraría la calidad democrática. Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral a pesar de que el Estatut de Sau establecía: "el Parlamento será elegido por un periodo de cuatro años, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, de acuerdo con la ley electoral que aprobará el mismo Parlamento" (art. 31). Hoy por hoy no se ha presentado ni una proposición de ley en el Parlament. No lo hizo Convergència, ni lo han hecho PSC, ERC e ICV.
Cataluña es la única autonomía que no tiene ley electoral. Una nación sin ley electoral es una nación sin reglas de juego.
El paso más destacable que se ha dado hasta ahora fue reunir a un grupo de politólogos que consensuaron una propuesta, que ha dormido en un cajón durante dos años y que ahora se dice que se desempolvará. Pero una ley que no se ha aprobado porque requiere el voto favorable de dos terceras partes del Parlament no parece realista pensar que se desencallará cuando los partidos están con el dorsal puesto y en posición de salida para las autonómicas.
A la propuesta de los expertos se ha añadido otra presentada por Ciutadans pel Canvi, un proyecto que se pretende que llegue al Parlament gracias a las firmas de una iniciativa legislativa popular y que tiene el mérito de agitar el debate, aunque represente la impotencia de quien busca en la calle apoyo para lo que sus diputados se ven incapaces de hacer en la Cámara.
La cuestión clave es hacer compatible representatividad y territorialidad. Como acercarse al principio de una persona un voto, sin que el peso de Barcelona arrase ni que un escaño de Lleida valga 25.000 votos y uno de Barcelona 60.000, como ocurre ahora. Por supuesto, los intereses de los partidos pasan por su distribución electoral en el territorio y no cabe esperar que ninguno dé apoyo a una propuesta que le perjudique mucho.
La comisión de expertos propone, entre otras buenas medidas, que los candidatos estén inscritos en el censo de la circunscripción en la que se presenten para evitar a los paracaidistas enviados por el aparato. Propone también circunscripciones electorales basadas en los ámbitos territoriales con los que trabaja la Administración de la Generalitat para acercar los representantes al territorio. Y fundamentalmente, propone lista abierta o desbloqueada que permite votar la lista entera como la presenta el partido o dar votos preferentes a algunos candidatos individuales. Los incentivos a los candidatos para trabajar y darse a conocer parecen superiores al peligro populista.
Entre los inventos del TBO propios del gremio se propone votar durante 15 días y CpC opta por un Parlament acordeón que premiaría los territorios donde se votara más con más escaños.
En un país en el que el debate sobre la abstención dura un par de semanas tras cada elección, los ciudadanos pagamos periódicamente informes sobre la desafección. El diagnóstico está hecho. El último fue presentado por el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y -ojo al dato- Participación, Joan Saura, y el ex consejero Josep Maria Vallès. Se titula Actituds polítiques i comportament electoral a Catalunya y se localiza fácil en la Red. El informe habla de "bajo interés, una dificultad para la compresión de la política, una desconfianza notable en la capacidad ciudadana para influir en las decisiones y una baja valoración de las instituciones políticas". Según Vallès "los medios de comunicación alimentan una imagen parcial, banal y negativa de la política". El informe solemniza lo obvio en las propuestas: "mayor inteligibilidad, más transparencia y participación, más responsabilidad y rendimiento de cuentas". Es decir, la accountability americana. Rendir cuentas y hacerse responsable de lo que uno hace y deja de hacer. Del documento de Vallès y de lo propuesto por CpC sobre la información electoral se desprende una desconfianza creciente entre periodistas y políticos muy saludable. Ganará la sociedad cuando seamos conscientes de que el pacto entre periodistas y políticos de la transición caducó y seamos capaces de decir no a los políticos que pretenden hacer portadas y a los periodistas soldado.
Ester Vera. el Pais
28 de juny 2009
Ley electoral: El pacto imposible
13 de juny 2009
Les europees impulsen la ILP per una llei electoral catalana
CpC aconsegueix un miler de signatures cada dia de recollida
Publicat a El Punt
L'alta abstenció registrada diumenge, d'un 62,5%, ha obert de nou el debat de la creixent distància entre ciutadans i polítics. La plataforma civicopolítica Ciutadans pel Canvi (CpC) ha detectat un interès creixent per la seva iniciativa legislativa popular per una llei electoral catalana, en què es proposen mesures per fomentar la participació.
El diputat i responsable d'acció política de CpC, Antoni Comín, admet que des de les eleccions europees, en què es va registrar una participació baixíssima, d'un 37,5%, han detectat un interès creixent per la seva ILP. La llei electoral que proposa CpC s'inspira en l'informe elaborat pels experts, que havia de servir de base per a la normativa –per encàrrec del govern–, en què es proposaven una cinquantena de mesures per afavorir la participació. En aquesta línia, la plataforma advoca per les llistes desbloquejades –a mitjà termini entre les actuals i les obertes–, un Parlament amb un nombre d'escons variable que augmenti o disminueixi en funció de la participació i que una sindicatura electoral vetlli per les eleccions al Parlament de Catalunya, entre altres qüestions. Tot plegat, per donar més poder de decisió als ciutadans i mirar de reduir la distància amb els polítics, que es posa en evidència en cada contesa electoral. «Els partits poden entrar en precampanya, que l'únic que farà és cansar, o bé podem fer un gest junts per intentar recuperar la confiança de la gent en el sistema», deia Comín. Des de Ciutadans pel Canvi consideren que la normativa és «una oportunitat».
El govern va deixar a les mans dels grups l'elaboració de la llei per l'alt consens que requereix –dues terceres parts del Parlament–. Els partits, però, no han impulsat la ponència per fer-la i fonts del govern són escèptiques sobre la possibilitat que ho facin.
La plataforma va començar a l'abril la recollida de les 50.000 signatures necessàries, que el 18 d'agost hauria d'haver reunit perquè la ILP sigui admesa al Parlament. Comín assegurava que van a un ritme de «mil al dia», sense revelar quantes en tenen. Es recullen bàsicament els caps de setmana en taules mòbils –aquest, a la Patum, al mercat medieval d'Almenar, al Corpus de la Garriga i a les mostres d'entitats de Llefià, a Badalona, i al barceloní districte de Sant Andreu–, en taules als districtes de Barcelona i també les recullen els fedataris individualment.
